El Sendero de Marcelo Ebrard

Carlos Puig / Milenio

Sábado, 13 Septiembre, 2008

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa”.

Eso dice el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

“Con esta reforma dejamos atrás el sistema en el cual el indiciado prácticamente se consideraba culpable hasta que se demostrara lo contrario, y adoptamos el principio elemental de presunción de inocencia: toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad”.

Eso dijo el presidente Calderón en junio de este año al firmar el decreto de la Reforma Constitucional de Justicia Penal. Todos los mexicanos somos inocentes hasta que un juez sentencie que somos culpables. Todos. Está en la Constitución.

Entonces…

¿Con qué derecho, amparado en qué ley, qué regla le da a un gobierno la facultad de repartir a la prensa las fotografías personales, que una persona almacena en su computadora?

¿Qué ley autoriza a un gobierno (cualquiera que sea su filiación partidista) divulgar ante la prensa que una persona guarda en su casa miles de fotografías pornográficas?

¿Con qué argumento las hacen públicas los medios de comunicación?

¿No hay una ley que indica que es un delito dar a conocer elementos de averiguaciones previas?

¿Dónde está la normatividad que da permiso a un gobierno a filtrar a la prensa la declaración patrimonial de una servidora pública?

¿Para qué tenemos jueces si los sospechosos son aplastados por el aparato mediático de la autoridad?

Cuando un gobernante dice, después del alegato de inocencia de la familia de un sospechoso de secuestro y asesinato que “Si ellos dicen tener mérito en lo que argumentan, tendrán que demostrarlo ante los jueces” ¿No se invierte el sentido de lo que dice la Constitución?

¿No tiene la parte acusadora, es decir, el gobierno, la carga de la prueba?

¿Dónde quedó la presunción de inocencia decretada e incluida en la Constitución en Junio?

Mala señal para el futuro del país y la justicia si el clamor ciudadano reflejado en la marcha de hace unas semanas se traduce como afán, y celebración de la venganza. Si la sociedad está dispuesta a celebrar, cual circo romano, como las fieras devoran humanos por el dictado del pulgar de un gobernante. Sin juicio, sin jueces, sin posibilidad de defensa.

Nada de lo que aquí escribo tiene la intención de insinuar o apuntar que tengo la remota idea de quién sí o quién no secuestró y asesinó a Fernando Martí. Al contrario, mi alegato es que esa tendría que ser tarea de los jueces y producto de un proceso justo.

Lo que sí se es que una fotos pornográficas y otras turisteando en Las Vegas no deberían ser prueba suficiente para decirle al señor Martí que el asesinato de su hijo se ha resuelto.

Después de todo, este es el país de La Paca y su osamenta, el diamante de Lomas Taurinas y el Nintendo que lo probaba, el segundo tirador, el muerto de La Quina, el batazo en la cabeza que mató a Muñoz Rocha, el envidioso coconductor y la atractiva modelo que mandaron matar a Paco Stanley, el país de los spots de La Reina del Pacífico antes de siquiera consignarla…

¿Qué no dijeron que ya tenían al culpable en la persona de un judicial de la zona del aeropuerto? ¿Qué no dicen ahora que no, siempre no, pero que tal vez es responsable de otros secuestros?

Cuando escucho a las autoridades decir en público —tres días después de haber acusado en conferencia de prensa a alguien de ser el líder de una banda de secuestradores— que ya empezaron a ver con Hacienda lo del dinero pero que no está fácil porque, dicen, estos malosos son muy sofisticados, me da escalofrío. ¿Y si no pueden encontrar nada, por inteligentes los delincuentes o porque no hay nada? ¿Y si haberlo acusado antes de tener los pelos de la burra en la mano se volvió un buen tip para desaparecer los rastros?

Las autoridades han filtrado tanto, que me cuesta creer que tienen más, y sobre todo más contundente que la declaración de un par de testigos y unas llamadas anónimas. ¿Es esto suficiente para que alguien sea declarado culpable? ¿Viajar a Las Vegas nos hace secuestradores ante un juez?

La mexicanísima técnica de primero arresto, después arraigo y luego investigo es, no nos engañemos, factor principalísimo de que en este país las cárceles estén llenos de inocentes pobres y las calles de culpables ricos.

Cierto que paga políticamente, construye héroes efímeros de la justicia, apacigua las aguas del reclamo social. ¿Quién no celebraría que los culpables de tan brutal delito fueran castigados con tal prontitud y eficiencia?

Pero el costo es mayor.

Si permitimos, por la justificada rabia ante la impunidad, la desaparición del principio fundamental de presunción de inocencia, si celebramos el espectáculo del pulgar que decide destinos, entonces todos nos convertimos en culpables.