El Sendero de Marcelo Ebrard

Por Jesús Silva-Herzog Márquez

La arquitectura es el arte predilecto de los autócratas. Una intervención de la creatividad que rehace el paisaje y define los espacios habitables. No hay mecanismo más potente de la propaganda. La arquitectura es un artefacto de ordenación que imprime símbolos y asienta jerarquías. Un elocuente vocabulario de poder. Adolfo Hitler fue un arquitecto frustrado. En un interesante libro sobre los usos políticos de la arquitectura en el siglo XX (The Edifice Complex: How the Rich and Powerful Shape the World, Penguin, 2005), Deyan Sudjic describe la fascinación del dictador por los volúmenes y las edificaciones. En la única ocasión que visitó París, se hizo acompañar de su estado mayor arquitectónico. Más que la estrategia militar de la victoria, le interesaba el diseño urbano de su imperio. En edificios y explanadas se fundaba un reinado que habría de durar milenios.

El vínculo entre el poder y el arte de las edificaciones es antiquísimo y ha sido bien explorado. La arquitectura puede ser demostración de fuerza, resumen del mundo, alimento de cohesión y también una presencia que intimida. Ahora la arquitectura parece juguete de otro amo: la moda. Se ha desatado en el mundo un apetito por lo que Charles Jencks llama edificios-íconos. El crítico se refiere a edificios que trascienden su función obvia. No son simplemente albergues de un museo, foros parlamentarios o salas de concierto sino algo más: construcciones expresivas que pretenden asignar nuevo significado a toda una ciudad. Íconos: metáforas misteriosas que pueden dar fama inmediata a un barrio, a un pueblo, una ciudad. Bajo el efecto del museo Guggenheim de Bilbao ha aparecido una nueva forma arquitectónica. En un mercado mundial donde todos compiten por la atención, los edificios se convierten en un señuelo de publicidad, una ostentación de vanguardismo. Pueden servir como oficinas o tiendas, pero en realidad son faros que se iluminan a sí mismos... y a sus padrinos.

Ese nuevo mundo de la arquitectura jactanciosa ha alimentado un pequeño pero notorio grupo de famosos que siembran su firma por el mundo. El arquitecto como una estrella de rock, protagonista de su película autobiográfica, anunciante de coches, conferencista ante auditorios repletos, constructor en los cinco rumbos del planeta. Rem Koolhaas, autor del mayor proyecto arquitectónico de los últimos años en la Ciudad de México, es sin duda, una figura destacada de ese club de famosos. Puede pasar una semana durmiendo en seis países; diseñó la biblioteca pública de Seattle, la tienda de Prada de Nueva York, rediseña el museo del Hermitage en San Petersburgo y construye el enorme edificio que albergará la casa de propaganda de la dictadura china. Ha ganado los máximos reconocimientos, incluido el Pritzker, ese premio siempre descrito como "el Nobel de la arquitectura". Mantiene cierta reserva crítica ante el mismo sistema publicitario que lo ha encumbrado. Un arquitecto mimado y provocador. Hace unos años denunciaba la idolatría del mercado que exige peripecias a la arquitectura que provienen de la desechable cultura del entretenimiento. El arquitecto convertido en modisto de los caprichos de empresas o gobiernos.

El edificio de Koolhaas que se pretende construir en el Distrito Federal parece el emblema de una abdicación: la noción de ciudad. Perceptivamente Paco Calderón vio en el boceto la silueta de un ataúd. Que reine el edificio, que muera el urbanismo. Ésa parece ser, precisamente, la síntesis de la filosofía del holandés. Para el arquitecto "el urbanismo no existe" y no hay razón para revivirlo o inventarlo. El urbanismo no es más que una ideología en el sentido marxista: una farsa, un sueño o un engaño. Koolhaas sostiene que la búsqueda de un espacio público no es más que un latigazo nostálgico. Dejémonos del romanticismo de las ciudades del siglo XIX. No vivimos en aldeas sino en edificios. Con la televisión, el internet y los distintos medios modernos, el espacio público ha desaparecido. La planeación urbana, el urbanismo han muerto. Sólo la arquitectura existe. En sus manifiestos contra el urbanismo, Koolhaas ha sostenido que la planeación urbana es absurda en nuestro tiempo. Preservar, por ejemplo, los espacios públicos es simplemente un disparate. El rascacielos que Koolhaas quiso matar para reinventarlo después debe ser una especie de ciudad dentro de la ciudad. Gracias a la tecnología los habitantes de esa torre podrán desarrollar todas sus actividades dentro de los pisos del edificio. Conceptualmente, se trata de construcciones desconectadas de su entorno.

Lo notable del proyecto de Koolhaas en la Ciudad de México es el vacío del que surge. La edificación más imponente de las últimas décadas en la capital no proviene de una idea de reocupación urbana: es un baúl que cae del cielo. La inmodestia del tamaño es, en sí misma, un mensaje: el edificio se planta orgullosamente ante la ciudad no para incorporarse, sino para rivalizar con ella. El inmenso bloque no se inserta en la ciudad para activar una zona, para revivir un barrio desatendido. No se instala en una zona apropiada para su inmensidad, rompe con las reglas de ordenación urbana y agrede al vecindario. La Ciudad de México recibiría bien un edificio emblemático, fresco, atrevido. Pero requiere otra cosa antes: el trazo de una recuperación urbana. Un edificio pretende suplir la ausencia de un proyecto de ciudad. Que el gobierno del Distrito Federal lo adopte como símbolo de su modernidad es, en realidad, una confesión. La torre del bicentenario es el ícono de una ciudad a la deriva.

http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog

Miguel Ángel Granados Chapa

No hace falta que desde fuera se reestructure la deuda pública capitalina, y menos a un costo que puede ahorrarse, y menos si eso significa la reconstitución de la familia feliz creada en torno de De la Madrid y de Salinas, en una administración perredista

El viernes pasado conocimos dos episodios de deuda pública de gobiernos locales. Por un lado, el de Hidalgo colocó 2 mil 400 millones de pesos, mediante una emisión de certificados bursátiles a través de la Bolsa Mexicana de Valores. El intermediario para la colocación es Acciones y Valores Banamex (Accival). Por otra parte se hizo pública la presencia de Protego, la firma encabezada por el ex secretario de Hacienda Pedro Aspe en el manejo de la deuda pública del gobierno capitalino, que por primera vez desde 1997 requiere de intermediación.

En los dos últimos sexenios la administración hidalguense se ha endeudado en proporciones exageradas. Hasta el final del gobierno de Adolfo Lugo Verduzco, en 1993, el concepto de deuda no existía. En su primer año, iniciado el 1o. de abril de 1993, el gobernador Jesús Murillo Karam contrató más de 8 mil millones de pesos, el 18 por ciento del Producto Interno Bruto de la entidad. Al comenzar la gestión de Manuel Ángel Núñez Soto en 1999, el endeudamiento era ya de 12 mil 438 millones (21.8 por ciento del PIB hidalguense) y al iniciarse el gobierno de Miguel Osorio Chong, en 2005, llegaba a 30 mil millones de pesos, el 30 por ciento del PIB local (Los de abajo, diciembre de 2006).

La deuda estaba contraída con la banca de desarrollo y la banca comercial, y sólo en los años recientes se ha bursatilizado, sobre todo a causa de la penuria en que dejó Núñez Soto a la hacienda pública hidalguense. La colocación de títulos en el mercado de valores ha supuesto la intermediación de firmas especializadas, en parte por la inexperiencia e incapacidad de la administración local en esos menesteres, y en parte por la tendencia de los gobiernos priistas a ofrecer comisiones por servicios que no son estrictamente necesarios, pues era y ha sido un modo de financiar a negocios privados que a su turno apoyan a quien ofreció dicha intermediación.

Por eso fue sorprendente la noticia de la participación de Protego en la contratación de la deuda pública capitalina, aprobada por la Cámara de Diputados hasta por un monto de mil 400 millones de pesos. Nunca hasta ahora se había requerido una intermediación de esa naturaleza, que supone un costo adicional al de la deuda misma. Obligado por la información de su nexo con Protego (El Centro, 11 de mayo) a admitir la presencia de Aspe en la administración financiera capitalina, Marcelo Ebrard aceptó que la firma ofrece experiencia, y que se paga por honorarios que ascienden a 100 mil pesos por mes, lo que significaría que el ex secretario de Hacienda ha obtenido medio millón de pesos si fue contratado tan pronto Ebrard reemplazó a Alejandro Encinas el 5 de diciembre pasado. Si la exhibición del contrato respectivo, algo necesario para la plena transparencia de la operación, muestra que así es en efecto, el ex colaborador de Carlos Salinas merece un monumento a la generosidad, pues al cabo de un año ganará 1 millón 200 mil pesos, la quinta parte de lo que obtendría en la más baja de las posibilidades, de aplicarse las comisiones porcentuales que son las acostumbradas en estos casos.

El mercado de la intermediación de deuda ha tasado este género de servicios en 0.5 por ciento cuando es barata y en el doble, 1 por ciento, cuando es onerosa. La diferencia obviamente depende del grado de dificultad para la colocación del endeudamiento. Si se aplicara la tasa menor, y no el monto de los honorarios de Aspe, Protego ganaría 7 millones de pesos este año, o 14 si se aplica la mayor. Es de suponerse que se eligió una de las dos formas de retribución y que no estamos ante un pago a Aspe en lo personal y una comisión a Protego.

Ignoramos también si la reestructuración de la deuda histórica, de que parece ocuparse ya la firma de quien manejó las finanzas de Salinas (y rehusó devaluar el peso en noviembre de 1994, para que su administración quedara a salvo, y su estallido en cambio perjudicara al sucesor), se ha pactado mediante pago de honorarios, o si regirá en ese caso el régimen de comisiones. Siendo que el endeudamiento actual del gobierno de la ciudad asciende a 42 mil millones y medio de pesos, la administración de Ebrard daría a ganar a Aspe hasta 425 millones, si se reestructurara el monto total.

Hasta 2003, la deuda capitalina no hizo más que crecer, de 21 mil 377 millones en que la dejó Óscar Espinosa Villarreal, hasta 45 mil 328 millones de pesos que fue la cota máxima del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Haciendo de la necesidad virtud, pues la Cámara de Diputados regateó al jefe de Gobierno el tope más allá del cual no puede endeudarse, el manejo de la deuda la hizo disminuir a partir de entonces. Que sepamos la reestructuración de la deuda, el uso de nuevas formas de manejar las finanzas públicas, no requirió en esos años ningún auxilio externo, lo que se comprende, porque el establecimiento de pautas para la realización de esa tarea permitió que la negociación se realizara con la participación directa de los funcionarios, sin intermediación.

Además de ser superflua, se ha criticado la intervención de Aspe por su alineamiento con una visión de política financiera que dañó a los más necesitados por cuya suerte el PRD asegura preocuparse de manera preferencial. El asunto empeoraría si se confirman los avisos que el ex regente Ramón Aguirre difunde en su entorno, que lo ubican como ganador de licitaciones públicas a las que ni siquiera se ha convocado. La familia feliz estaría de regreso.

Juegos de poder
Por: Leo Zuckermann

Digamos que apareciera una religión que pregonara el no pago de impuestos como parte de su credo. ¿Debería el Estado exentar a los individuos que profesaran esta fe? De hacerlo, ¿no vendría una conversión masiva de ciudadanos a esta religión? ¿No sería esto discriminatorio de los individuos de otras religiones que sí pagarían impuestos? Por supuesto que resulta ridículo pensar que alguien podría zafarse de pagar impuestos alegando una objeción de conciencia. Más temprano que tarde el Estado se quedaría sin ingresos. Por eso, los impuestos son obligatorios y generales para toda la ciudadanía, independientemente de sus creencias.

Otro ejemplo: el servicio militar obligatorio cuando un país está en guerra. Fue el caso de Estados Unidos con Vietnam. Aunque muchos ciudadanos estaban en contra de este conflicto bélico, el gobierno no les permitió la objeción de conciencia. El Ejército hubiera perdido cuantiosos reclutas de haberla aceptado: muchos oportunistas se hubieran acogido a ella. Los verdaderos objetores de conciencia huyeron al exilio para no luchar; el gobierno los consideró desertores, aunque los amnistió años después.

En Israel, un país en constante guerra, existe la conscripción. Sin embargo, hay soldados que rehúsan servir en los territorios palestinos; piensan que la ocupación israelí es injusta y que su país debería retirarse a la brevedad. En estos casos, pueden invocar la objeción de conciencia, pero son encarcelados en una prisión militar. No es tan fácil zafarse de ir a los convulsionados territorios sin un castigo. Esto, una vez más, con el objetivo de no dar incentivos para que la gente incumpla con las obligaciones del Estado.

En México, el jefe de Gobierno capitalino argumenta que los médicos no podrán alegar una objeción de conciencia para no realizar abortos, ahora que éstos fueron despenalizados: "Tenemos que atender a la población, es lo que nos ordena la ley". Según la consejera jurídica del DF, Leticia Bonifaz, "la objeción de conciencia no está prevista en la legislación positiva de México". Sin embargo, la Ley de Salud de la capital otorga la posibilidad a los médicos de "ser objetores de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir en la interrupción del embarazo, debiendo referir a la mujer con un médico no objetor. Cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer, no podrá invocarse la objeción de conciencia". Más claro, ni el agua.

Entonces, ¿por qué Marcelo Ebrard cuestiona la validez de la objeción de conciencia? Me parece que tiene que ver con la estrategia que implementará la Iglesia católica para combatir el aborto en la capital. En palabras del cardenal Norberto Rivera Carrera: "Ninguna circunstancia, ninguna finalidad, ninguna ley en el mundo podrá jamás hacer lícito un acto que es intrínsecamente ilícito". La declaración sería una barbaridad si no fuera porque los mismos legisladores capitalinos que legalizaron el aborto fueron los que permitieron la objeción de conciencia. De ahí que el cardenal haya rematado su declaración recordando a los médicos "que pueden hacer valer su derecho humano a la objeción de conciencia".

De esta forma, se dará una lucha en la comunidad médica capitalina: de un lado la Iglesia presionándolos para que no interrumpan embarazos, y del otro el gobierno para que sí. Pero fue el propio gobierno el que se metió en este berenjenal al legalizar la objeción de conciencia. Y vaya que la Iglesia la explotará.